miércoles, 19 de enero de 2011

La transparencia tendrá que seguir esperando

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La transparencia tendrá que seguir esperando en España. El lunes Público informaba de que el Gobierno ha decidido "enterrar" el anteproyecto que, hasta su salida del Ejecutivo el pasado mes de octubre, María Teresa Fernández De la Vega gestionaba.

Se trata de una promesa electoral que Zapatero formuló antes de su llegada a La Moncloa, cuyo borrador filtró en agosto El País (sí, un anteproyecto de ley también se filtra) y que suscitó las críticas de los expertos, pues estaba muy por debajo de los mínimos que el Consejo de Europa establece en esta matería. Ahora, olvidada en un cajón, España continúa siendo uno de los cinco países de Europa, junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo, que no regula el derecho de acceso a los documentos públicos.


Justo un día después de conocerse la noticia, Access Info Europe, la organización más implicada en la consecución de esta ley, publicó ayer las conclusiones de la consulta pública que inició en septiembre, tras lograr una copia de la ley, que colgó en su web.

El informe "confirma los defectos del anteproyecto", según sus autores, pues, por citar algunos datos, "sobre extender el alcance de la ley -que no se aplicaría al poder judicial ni al legislativo- más del 90% de las respuestas coincidían en que si era necesario".

Asimismo, un 77% "considera que el tiempo razonable para que se conteste a una solicitud por parte de las administraciones debería ser entre 10 y 15 días". En la actualidad, es de tres meses, muy por encima de la media europea, situada en 14.5 días, según Acces Info.


Un 99% de los encuestados cree que el derecho a la información pública "debería ser regulado como un derecho fundamental", por lo que convendría legislarlo por ley orgánica.


Análisis del Centre for Law and Democracy de Canadá
Por su parte, desde Canadá, el Centre for Law and Democracy (CLD) que dirige Toby Mendel ha expuesto unos comentarios tras haber estudio el anteproyecto de leySobre él, indica que "tiene algunos aspectos positivos, pero se ven socavados por las limitaciones en el ámbito de aplicación de información y de las autoridades públicas a las que afecta"

Asimismo, recalca que "habida cuenta de las importantes implicaciones sociales" de una ley de este tipo, "el Gobierno debería haber preparado un documento previo y celebrar consultas públicas amplias antes de redactar el anteproyecto". Está a tiempo de rectificar.

En opinión del CLD, la ley definitiva debería mejorar en los siguientes puntos:
  • Tendría que cubrir también información como notas, proyectos, dictámenes, informes y comunicaciones internas que no están reflejados en el borrador.
  • El término "secreto de estado" no se define en el anteproyecto y tiene que quedar supeditado a otras normas que garanticen el acceso a la información.
  • La ley no puede dejar al margen a los órganos legislativos y judiciales.
  • Las excepciones son demasiado amplias y términos como "relaciones exteriores" o "intereses legítimos de los particulares", son vagos.

Carta al Parlamento Europeo
Al margen de la hibernación pluriestacional a la que el Gobierno ha decidido someter su proyecto de transparencia -quizás Wikileaks haya propiciado que se replantee ciertos aspectos-, Access Info Europe anunció ayer que enviará una carta al Parlamento Europeo para disuadirle de su intención de "crear una definición más restringida de lo que constituye un documento, mediante la adición de nuevas excepciones al derecho de acceso".  

Puedes firmar la carta hasta el día 21 enviando un email a la dirección pam@access-info.org.

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